El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado por unanimidad la cesión temporal, por un plazo máximo de cinco años, del uso de unos terrenos a favor de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, para la ubicación de instalaciones educativas provisionales. El motivo de la decisión es dar cabida a la demanda de escolarización del municipio.
El periodo de cesión es de 5 años, según lo que determina la legislación. Una vez cedido, el Ayuntamiento invertirá cerca de tres millones de euros en la adecuación del terreno y la instalación del suministro de agua, luz y alcantarillado, tal como anunciaron el pasado mes de marzo. Durante el debate del punto en la sesión plenaria, algunos concejales destacaron que los terrenos todavía no están preparados para ello, por lo que se anunció que en estos momentos se está redactando el proyecto de adecuación y posteriormente se licitarán las obras, una vez finalizadas Conselleria trasladará los módulos.
«No es la solución que al equipo de gobierno, ni a nadie, le gusta, pero es la solución inmediata. Ya hemos cedido 30.000 metros para el nuevo IES y ahora otros 30.000 metros para la sección, falta que Conselleria cumpla y agilice los proyectos del nuevo IES y el CEE Gargasindi», señaló la alcaldesa de Calp, Ana Sala, en referencia al bloqueo del Plan Edificant en la ciudad.
El portavoz de Defendamos Calpe en dicha sesión, Toni Tur, acusó al equipo de Gobierno de falta de previsión traducido en que los terrenos cedidos son zona verde. «Conselleria debería cumplir, pero Sala, no olvide su responsabilidad». En este sentido, Tur añadió: «No quiera dar a entender que no se actúa de otra manera porque se nos ha dado poco tiempo. El colapso educativo lleva muchos años, porque el crecimiento poblacional nunca ha ido en sintonía con las necesidades educativas del pueblo».
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Paco Fernández, señaló al Gobierno que el requerimiento de Conselleria estaba hecho desde el pasado 26 de enero y apreció que los terrenos «podrían haberse cedido antes». Sin embargo, deseó que pese a que los terrenos todavía no están adecuados para albergar las aulas prefabricadas, «esperemos que estén rápido y bien».
Ximo Perles, portavoz del equipo de Gobierno, respondió al popular considerando que desde el requerimiento de enero, «dos meses es un tiempo bastante rápido de respuesta». Fue Perles quien se refirió a la situación como un fracaso de la política educativa y apuntó: «En la anterior legislatura de la Conselleria había un matiz. Cuando se instalaban las prefabricadas eran porque ya estaban delegadas las competencias para construir las instalaciones nuevas. Los barracones no son deseables, pero se entiende que son temporales. La forma que tendríamos de entender que estas prefabricadas no son temporales es que se inicie ya la planificación de un nuevo edificio educativo».
Guillermo Sendra, concejal socialista en el equipo de Gobierno, por su parte, estuvo de acuerdo con el grave problema educativo que atraviesa el municipio, pero consideró que «ha sido generado por Conselleria, no por esta Corporación. Ahora hay que resolver el problema y no podemos hacerlo con más celeridad, hemos buscado soluciones inmediatas».
Por último, Juan Manuel del Pino, concejal de Territorio y Urbanismo, destacó: «El Ayuntamiento de Calp no solo ha cedido 30.000 m² de terrenos en zona verde a Conselleria, sino que va a invertir cerca de tres millones para adecuarlo para unas instalaciones que son provisionales, el Consistorio está realizando un esfuerzo que va más allá de sus competencias. Hemos hecho un gran esfuerzo para traer este punto a pleno cuando Conselleria no informó hasta el 31 de enero de la ubicación provisional de los centros».
«El Ayuntamiento de Calp no puede financiar unas obras competencia de la Generalitat»
Antes de votar y debatir el punto de cesión de terrenos, el equipo de Gobierno repartió entre los concejales del pleno el informe del Secretario Municipal sobre el Plan Edificant en Calp, que concluía «una serie de contradicciones legales» al respecto. De este modo respondían a la propuesta de resolución presentada por el Partido Popular solicitando que el Ayuntamiento asuma el incremento de ejecución del segundo instituto, con cargo a las arcas municipales.
El informe, apuntaron, señala una contradicción entre la normativa autonómica de delegación, especificada en el artículo 9 del Decreto Ley 5/2017, y la normativa básica representada por el artículo 27 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), «por el hecho de atribuir a la entidad local la obligación de financiar a la Comunidad Autónoma por unas obras que son de su competencia, pues se le obliga a financiar la ejecución de la obra por encima de los recursos asignados. El Ayuntamiento de Calp no puede financiar unas obras que son competencia de la Generalitat, esto es, no puede subvencionar algo que está fuera de la esfera de las competencias locales».
De acuerdo con el informe, el Ayuntamiento de Calp no puede suscribir un convenio de colaboración con la Generalitat para financiar obras que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, ya que dicho convenio implicaría el ejercicio de competencias que no corresponden a la administración local. Específicamente, el Ayuntamiento no posee la competencia para la construcción de centros educativos de educación especial ni de Educación Secundaria Obligatoria, lo que limita su capacidad de participación en estas actividades.
El informe también destaca que la Administración Local no puede ejecutar actividades complementarias en materia de educación, ya que no está previsto en la LRBRL. Además, el uso del artículo 7.4 de dicha ley tampoco es viable en este contexto, dado que las competencias delegadas en el Ayuntamiento de Calp no abarcan el alcance económico requerido para este tipo de actuaciones.
Ante esta compleja situación, el Secretario Municipal ha recomendado a la alcaldesa que solicite un Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Este paso se considera fundamental para obtener una opinión legal autorizada que aclare y oriente las acciones futuras del Ayuntamiento en relación con el Plan Edificant y otras cuestiones administrativas y financieras relevantes para la comunidad local.
