Clamor en la Vall de Pop contra los efectos del macroPAI Medina Llíber, que pretende construir 488 chalets en el paraje natural de la Muntanya Llarga. Asociaciones, ayuntamientos y 776 personas de la Vall han presentado en los últimos 15 días alegaciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar contra una posible concesión hídrica al macroproyecto urbanístico.
Las alegaciones llegan tras conocerse que el Ayuntamiento de Llíber y la constructora VAPF habían iniciado las obras del PAI sin la concesión hídrica que marca la ley y que en los últimos meses han estado tramitando una concesión para solventar la irregularidad.
A finales de julio, la Confederación Hidrográfica del Júcar publicó en el BOE el inicio de dicha tramitación y abrió un periodo de alegaciones. Este inicio de tramitación por parte del comisionado de aguas de la CHJ está lleno de irregularidades. De hecho, es significativo que dos semanas después de firmar el inicio de la tramitación, el entonces comisario de aguas fuera incluido por el Partido Popular en el gobierno valenciano.
Por un lado, las alegaciones denuncian la supuesta manipulación de datos del Ayuntamiento de Llíber y la constructora VAPF sobre el consumo de agua del PAI: el gobierno de Llíber ha disminuido las previsiones de consumo de agua del PAI de los 207.000 m³ anuales previstos en el proyecto aprobado a 62.000 con el objeto de conseguir desesperadamente el preceptivo permiso hídrico para el PAI.
Este hecho agravará de forma significativa el déficit hídrico de la Vall de Pop, que ya está viviendo fuertes restricciones. De hecho, Llíber consuimiría en la actualidad casi el doble de agua que la que tiene concedida y es el municipio que más agua por habitante consume de la Vall de Pop.
Además, las alegaciones —que incorporan estudios de ingeniería hídrica, de minas y geología— denuncian la irregularidad de haber iniciado las obras sin permiso hídrico, así como la afección a otros pozos de la zona, como el de Benimallunt, que se encuentra a 200 metros y abastece de agua a Benissa.
Las alegaciones, suscritas por la ciudadanía, entidades y ayuntamientos de la comarca, también denuncian que no se ha hecho un estudio de la situación actual del acuífero y, especialmente, que la zona de extracción es una zona con afección de salinización; y advierten que dicho inicio de concesión podría incurrir en fraude de ley con conocimiento previo de las consecuencias.
