El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este viernes la «desconexión con la realidad» del Gobierno central por aplicar sin matices la nueva normativa europea de control pesquero, una regulación que el sector valenciano considera una carga burocrática excesiva.
Barrachina ha advertido de que esta normativa amenaza la viabilidad de la flota de pequeña escala del Mediterráneo y puede provocar consecuencias irreversibles si no se adapta a las condiciones reales de la actividad pesquera.
Reunión con las cofradías de pescadores
El conseller ha realizado estas declaraciones tras reunirse con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana para analizar el impacto real que la entrada en vigor del nuevo sistema de control está teniendo sobre el trabajo diario de los pescadores mediterráneos.
Durante el encuentro, Barrachina ha exigido al Ministerio competente la paralización inmediata de las medidas más rígidas de la normativa, entre ellas el Diario Electrónico de a Bordo (DEA), un sistema que, según ha señalado, «ahoga» al sector.
Asimismo, ha reclamado la aplicación efectiva de la moratoria anunciada con el objetivo de evitar un perjuicio irreversible para la flota valenciana.
Exigencias consideradas inviables en el litoral valenciano
Entre las medidas más criticadas, el conseller ha solicitado la suspensión de la obligación de comunicar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto, detallando las capturas realizadas.
Según el propio sector, esta exigencia resulta imposible de cumplir en el litoral valenciano debido a la cercanía de los caladeros y a la inmediatez que caracteriza la faena diaria en el Mediterráneo.
Nuevas obligaciones del Diario Electrónico de a Bordo
La nueva versión del DEA, en vigor desde el pasado 10 de enero, obliga además a declarar todas las especies capturadas, eliminando el mínimo anterior de 50 kilos.
También impone la geolocalización obligatoria de los buques de entre 12 y 15 metros de eslora, una medida que las cofradías califican como «trabas burocráticas absurdas».
Desde el sector sostienen que estas exigencias no mejoran el control de la actividad pesquera, pero sí generan pérdidas de tiempo, incremento de costes y un riesgo real de sanciones injustas.
Reclamo de flexibilidad en la aplicación de la normativa
«No se puede aplicar una política de despacho sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos», ha señalado Barrachina, quien ha defendido una aplicación flexible y adaptada de la normativa europea.
El conseller ha subrayado que el control de las capturas puede garantizarse sin asfixiar a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana.
En este sentido, ha recordado que el propio Reglamento europeo de control pesquero reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad. Por ello, ha insistido en que «España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política».
Riesgo para el empleo y el pescado local
Barrachina ha destacado que la pesca valenciana es mayoritariamente artesanal, sostenible y de pequeña escala, y que cumple con las exigencias medioambientales y de trazabilidad.
Ha advertido de que una aplicación rígida del DEA puede provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones procedentes de terceros países con menores exigencias.
Peso económico y social del sector pesquero
El conseller ha recordado que el sector pesquero valenciano capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros.
Estas cifras, ha señalado, evidencian el peso económico y social de la pesca en el litoral de la Comunitat Valenciana.
Apoyo del Consell y cifras récord de inversión
Frente a la rigidez del Gobierno central, el Consell ha reforzado sus políticas de apoyo directo al sector pesquero valenciano.
Barrachina ha confirmado que la inversión destinada a la modernización de infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará los 6 millones de euros en 2026, un incremento histórico que demuestra la prioridad de la Generalitat por mejorar la competitividad del sector y garantizar su continuidad.
Reclamación final al Gobierno de España
«Exigimos al Gobierno de España que defienda al sector pesquero valenciano en Europa, que cumpla los compromisos anunciados y que no se limite a trasladar normas que ahogan a nuestros marineros y ponen en peligro su futuro», ha concluido el conseller.
