OPINIÓN | Compromís Teulada i Moraira
Tal como advertimos desde Compromís, el gobierno municipal del Partido Popular llegó tarde a la suspensión de licencias para macroplantas fotovoltaicas. La nueva normativa, aprobada en julio por el Consell presidido por Carlos Mazón del PP, elimina la capacidad de los ayuntamientos para tomar decisiones sobre la suspensión generalizada de licencias para instalaciones fotovoltaicas.
En un requerimiento formal enviado por el Director General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental al gobierno municipal de Teulada Moraira, la Generalitat exige la anulación del acuerdo plenario del pasado 23 de agosto, que había aprobado suspender la tramitación y concesión de nuevas licencias para plantas fotovoltaicas y baterías. Esta decisión, según la Generalitat, infringe la normativa vigente, que prohíbe estas suspensiones generalizadas.
Teulada i Moraira ya cuenta con un macroproyecto programado de 10.000 placas solares que amenaza el paisaje agrícola. Cabe destacar que Compromís ha sido el único partido que ha presentado alegaciones contra este proyecto ante las instituciones pertinentes, defendiendo activamente los intereses del municipio y de su entorno natural. Sin embargo, como es habitual, el Partido Popular reaccionó tarde, convocando un pleno extraordinario meses después para aprobar la suspensión de licencias para este tipo de proyecto.
En ese pleno, desde Compromís ya advertimos que el PP llegaba tarde, ya que su presidente, Carlos Mazón, ya había aprobado la ley SIMPLIFICA. Esta ley reduce significativamente la autonomía de los ayuntamientos para decidir sobre grandes construcciones dentro de su territorio.
En su requerimiento, la Dirección General de Urbanismo señala que el acuerdo municipal no es conforme a derecho e insta al Ayuntamiento a anularlo en un plazo de un mes o, alternativamente, a justificar su legalidad en un plazo de 15 días. Hasta la fecha, no consta ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento. En caso de no cumplir con esta exigencia, la Generalitat podrá impugnar el acuerdo ante los tribunales contenciosos administrativos.
Desde Compromís consideramos que esta situación era previsible: «Advertimos que esta suspensión llegaba tarde y que no tendría recorrido. Ahora vemos cómo el gobierno de Teulada Moraira se encuentra atrapado por las consecuencias de la nefasta política urbanística de su propio partido. El PP nos ha puesto el cartel de ‘se vende’».
Compromís exige que el Ayuntamiento movilice todos los recursos legales posibles para evitar que estos macroproyectos se implanten en el municipio. Al mismo tiempo, pedimos que el gobierno local no guarde silencio ante su partido: «Raúl Llobell debe elegir entre Carlos Mazón y su política o los intereses de Teulada i Moraira».