Paralizado en Benissa el pago de 1,9 millones por una expropiación con los votos a favor de dos concejales
El Ayuntamiento de Benissa se encuentra en medio de una intensa controversia política tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que obliga al municipio a pagar 1.955.875,09 euros a la empresa Inmo Hold, SA por una parcela de 17.696 m² calificada como zona verde, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La historia se remonta a 2009, cuando la empresa cedió la parcela al Ayuntamiento a cambio del reconocimiento de derechos urbanísticos equivalentes a 2.299,77 unidades de aprovechamiento, conforme al PGOU vigente. La ley exigía que, en un plazo de cuatro años, el Ayuntamiento compensara estos derechos con una parcela edificable o, en su defecto, mediante una compensación económica. Dicha parcela con la zona verde se sitúa en un pequeño tossal de la costa de Benissa, en la parte alta de la urbanización La Viña y dispone de unas vistas excepcionales.
En julio de 2017, Inmo Hold inició el expediente de expropiación, culminando con una sentencia el 2 de junio de 2022 y un auto judicial el 6 de noviembre de 2023 que fijaron el justiprecio en la mencionada cantidad. Este fallo ha causado un conflicto entre los distintos grupos políticos municipales.
El equipo de gobierno del Partido Popular sostiene que la sentencia es clara y que la cantidad estipulada debe ser pagada a la empresa. Sin embargo, los grupos Compromís y CIBE, apoyados por una Técnico de Administración General (TAG), proponen que en lugar de un pago en efectivo, se reconozcan nuevamente los derechos urbanísticos a la empresa en un sector urbanizable del PGOU.
El alcalde Arturo Poquet convocó un pleno extraordinario y urgente el 16 de junio para discutir la propuesta de Compromís y CIBE. A pesar de expresar dudas sobre su conformidad con la sentencia, el alcalde permitió la votación, en la que el Grupo Municipal Popular, Reiniciem Benissa y PSOE se abstuvieron, facilitando la aprobación de la propuesta con solo los dos votos de Compromís y CIBE.
La propuesta aprobada será ahora presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para su consideración final.