El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Calp en 2022 contra la ampliación de la piscifactoría en la bahía calpina.
Tras haber desestimado la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica el recurso de reposición que interpuso el Ayuntamiento en abril de 2022, el pleno aprobó en noviembre de ese año interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Secretaría Autonómica de Agricultura y Pesca que permite la ampliación de la piscifactoría que pasará de 12 a 45 jaulas flotantes, así como a una capacidad máxima de producción de 3.000 toneladas al año de pescado.
El fallo del TSJ considera que la evaluación ambiental del proyecto fue correcta y que la ampliación de la instalación no tiene efectos ambientales negativos, considera que no se produce omisión del trámite de Participación Pública en el proceso. El Ayuntamiento aportó un nuevo estudio de los efectos de la piscifactoría en las corrientes marinas y un estudio de impacto paisajístico que según la sentencia «carece de fuerza probatoria para desvirtuar el análisis del Estudio de Integración Paisajística de la administración competente».
En cuanto al estudio de los efectos que la piscifactoría puede tener en la economía local, otra de las alegaciones del Ayuntamiento, se considera que «los riesgos económicos no tienen que ver con la propia autorización o concesión, sino a una potencial afectación al turismo que basa en posibles daños absolutamente hipotéticos».
Tanto el Ayuntamiento como varias asociaciones calpinas como el Real Club Náutico de Calp, la Cofradía de Pescadores o la Asociación de Empresarios de Calpe han mostrado desde un principio su rechazo rotundo a la ampliación de esta infraestructura precisamente por el impacto visual que causa en un municipio turístico como el calpino pero también por el impacto medioambiental y económico. De hecho uno de los informes sobre los que se sustentaba el recurso presentado por el Ayuntamiento cifraba en unos 450 millones de euros las pérdidas que podría ocasionar una macrogranja de estas características en la localidad.
Desde el gobierno se estudia ahora los pasos a seguir y siguen manteniendo su rechazo a la ampliación de esta instalación.
