El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se han reunido esta mañana en el edificio Baleària Port de Dénia con asociaciones y centenares de vecinos afectados por el deslinde en las playas de Dénia. El deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre en la zona de Les Deveses de Dénia fue aprobado definitivamente antes de las fiestas navideñas y ahora están abiertos los plazos para recurrir la aprobación, tanto por parte de vecinos como de administraciones implicadas.
El conseller ha manifestado su opinión sobre la publicación definitiva del deslinde en el primer tramo de la costa dianense y ha asegurado «que teóricamente resuelve las alegaciones de los vecinos, pero no es así. Han modificado un poco el planteamiento inicial, pero no es suficiente. Estamos en un proceso de estudio de las alegaciones para ver cómo vamos a combatir esa resolución porque no nos gusta. No es el momento de hacer deslindes, en nuestra costa lo que hace falta es la recuperación, regeneración y las obras de protección. Hay muchas pendientes, y mientras no se hagan estas obras, no tiene sentido generar esos problemas y desposesiones a los vecinos».
Según ha anunciado, la Conselleria ya tiene previsto presentar un contencioso-administrativo y están en proceso de estudiar los argumentos que utilizarán. De este modo, el gobierno autonómico recurrirá los deslindes tanto por la vía judicial como por la administrativa. En este sentido, ha recomendado a los afectados presentar recursos de reposición contra el deslinde ante el Ministerio porque, aunque las administraciones públicas como la Generalitat no pueden hacerlo, los ciudadanos sí tienen este derecho. El conseller ha reconocido que este recurso probablemente no cambie la postura del Ministerio, pero su utilidad está en alargar el proceso, ya que podría causar retrasos administrativos. De este modo, podría quedar invalidado debido a que los plazos legales caduquen. «Cuantos más sean mejor», ha reiterado.
Por otro lado, en la reunión se ha informado sobre las medidas que está preparando la Generalitat Valenciana para «contrarrestar la usurpación de propiedades privadas», ha recalcado Martínez Mus. En cuanto a la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana, aseguran que «será la primera norma autonómica destinada a compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa y proteger los núcleos costeros tradicionales y las viviendas frente a deslindes como este».
En cuanto al número de viviendas, el Ayuntamiento de Dénia asegura que son unas 26 afectadas por completo, pero en la reunión los vecinos se han referido hasta 600 las personas a las que perjudica el deslinde del primer tramo. «Pueden perder la propiedad total o parcial de sus casas o parcelas, las cuales solo podrán ser disfrutadas bajo concesión del Estado». En este contexto, Martínez Mus ha subrayado que la futura ley autonómica abordará cuestiones que la normativa estatal no resuelve adecuadamente, como la protección de los núcleos costeros tradicionales, las zonas de marjal y la compatibilidad entre los usos humanos y los valores naturales de la costa. Según el conseller, la nueva norma también buscará «abordar la regresión mediante herramientas de protección y dar voz a los ayuntamientos en la gestión del litoral».
El conseller ha explicado que la futura ley, cuya tramitación se iniciará a finales de este mes, incluirá mecanismos de vigilancia sobre resoluciones estatales que puedan perjudicar a la costa valenciana, como es el caso del deslinde de Dénia. Martínez Mus ha destacado que esta normativa «complementa la legislación estatal y se fundamenta en los principios de protección, mejora ambiental y reordenación urbanística, con el objetivo de regular de manera efectiva el uso y la conservación del litoral». En este sentido, ha asegurado que la ley reafirma el compromiso del Consell de crear una norma autonómica que responda a las competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía.
El Equipo de Gobierno de Dénia también ha estado presente en la reunión. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, se ha pronunciado acerca de la reunión del conseller y ha expresado su preocupación por la forma en que se han gestionado los deslindes y ha defendido el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos afectados.
Grimalt ha destacado que la actual Ley de Costas data de 1988 y que, desde entonces, diversos gobiernos, incluidos algunos del Partido Popular con mayoría absoluta, tuvieron la oportunidad de modificarla, pero no lo hicieron. «En 2013, el ministro Arias Cañete introdujo una reforma de la ley, pero este tema no se abordó. Los deslindes continuaron conforme estaba previsto», ha afirmado.
Según Grimalt, en referencia al caso de Galicia, «los tribunales constitucionales han dado la razón en algunos aspectos relacionados con los deslindes, pero es importante no crear alarma entre los vecinos ni utilizar este tema como arma de campaña electoral».
El alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento de Dénia siempre ha defendido que «los deslindes no deberían ser definitivos hasta que se complete la regeneración de la costa y se evalúen sus efectos. Estamos del lado de los vecinos, no entendemos algunas formas en que se han llevado a cabo estos procesos». Además, ha defendido que los deslindes son necesarios, pero deben realizarse de manera adecuada y respetando los derechos de los propietarios.
También ha destacado la labor del equipo de gobierno municipal para reducir el impacto del deslinde: «Gracias al informe presentado por el Ayuntamiento, se logró que solo 30 propiedades quedaran dentro del dominio público, cuando inicialmente eran más de 100». Ha insistido en que aún quedan pendientes la segunda y tercera fase de regeneración de Les Deveses, que coinciden con las próximas fases del deslinde. «Nos hubiera gustado que se esperara a completar estas fases antes de tomar decisiones definitivas». También reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos que puedan demostrar que sus propiedades son anteriores a la Ley de Costas de 1988, ayudándolos a recurrir en caso de que se vulnere la normativa.
Por otro lado, se ha referido al Plan General estructural de Dénia, donde «se tuvo que incluir los deslindes provisionales marcados por Costas como una de las condiciones impuestas por la Generalitat. En su momento, Costas nos obligó a reflejar esos deslindes, pero una vez se consolide el deslinde definitivo, esas propiedades volverán a su calificación original como suelo urbano».
El Partido Popular de Dénia, representado por su portavoz Pepa Font, ha anunciado tras la reunión que llevarán al próximo pleno municipal una moción en la que exigirán que tanto el Ayuntamiento de Dénia como la Generalitat Valenciana interpongan recursos legales en los tribunales. Según Font, el gobierno local hasta el momento se ha negado a recurrir la situación ante el juez.