La iniciativa de Presupuestos Participativos, vigente en muchas de las localidades vecinas a Calp en la Marina Alta y comarcas limítrofes, es una de las propuestas que el PSOE calpino quiere implantar también en la villa del Peñón pasadas las próximas elecciones. Según los socialistas de Calp respecto a los presupuestos participativos, «el Partido Popular se ha negado siempre a su aplicación».
Guillermo Sendra, candidato por el PSOE a la alcaldía de Calp, se muestra rotundo: «Nosotros, los socialistas calpinos, hemos establecido la regeneración democrática como uno de los pilares básicos de la política municipal; una regeneración que pasa por dar voz a los ciudadanos y ciudadanas y confiarles una importante cuota de corresponsabilidad política al poder participar en la toma de decisiones sobre proyectos presupuestarios».
Con este fin, el PSOE de Calp se compromete a elaborar un Reglamento de Participación Ciudadana que profundice en la participación real y efectiva de los calpinos y las calpinas.
El proceso de Participación se compondrá de 3 fases: en un primer lugar se abrirá un plazo para que toda la ciudadanía pueda presentar propuestas de inversiones. Posteriormente, en una segunda fase, estas propuestas serán evaluadas y analizadas por los técnicos municipales que asignarán a cada proyecto un presupuesto estimado y un informe sobre viabilidad. Y, por último, en la tercera fase, serán los ciudadanos quienes, mediante votación digital o presencial, elijan el proyecto que estimen más adecuado.
De esta forma se garantiza la participación de la ciudadanía en la cogobernanza municipal con respecto a la toma de decisiones de trascendencia para la generalidad del municipio.
«Es de destacar que en localidades de nuestra comarca los presupuestos participativos se vienen aplicando con éxito desde hace muchos años. En Calp, los sucesivos gobiernos del PP se han centrado en quitarle la voz a la ciudadanía y reducir su participación a la mínima expresión: la de PAGAR», afirma Sendra, quien recuerda que fue el propio César Sánchez quien estableció la prohibición de que los ciudadanos pudiesen preguntar o elevar quejas en los plenos.
