El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles la Orden Ministerial del 20 de diciembre, donde se aprueba el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre en la zona de Les Deveses de Dénia. Se trata de la franja de 3.500 metros de longitud comprendida entre el río Molinell y la calle Riu Xinxilla. Esta decisión es el resultado del proceso iniciado en enero de 2023, que ha generado una notable oposición por parte de los vecinos, del Ayuntamiento de Dénia y de la Generalitat.
El deslinde finalmente aprobado es algo más moderado que el planteado inicialmente, reduciendo la afección a propiedades. En el texto se refleja la consideración parcial por parte del Ministerio de un informe emitido por el Ayuntamiento de Dénia en 2023 que señalaba que muchos de los terrenos incluidos inicialmente en el deslinde estaban consolidados como suelo urbano y, por tanto, no debían incorporarse al dominio público. Esto permitió reducir la franja de protección, que en un principio alcanzaba los 100 metros, a tan solo 20 metros en buena parte de los casos.
En los terrenos sin edificar que aún tendrían derecho a ser urbanizados, el ministerio ha optado por fijar una franja de protección inferior a los 100 metros, pero solo «en los términos estrictamente necesarios que permitan materializar el aprovechamiento sin necesidad de indemnización». Para los suelos incluidos en el plan parcial de Les Deveses o aquellos consolidados como urbanos desde 1988, la protección se mantendrá en los 20 metros.
Por otro lado, el «suelo rústico sin consolidar en 1988» tendrá una franja de protección de 100 metros. En el resto de casos, la anchura será variable, oscilando entre 20 y 100 metros según lo necesario para evitar perjuicios indemnizables o proteger elementos comunes como jardines y piscinas. El ministerio ha defendido que se han estimado total o parcialmente muchas de las alegaciones presentadas durante el proceso.
Derechos de los propietarios afectados
Para los propietarios afectados, el ministerio ha otorgado un plazo de un año para que los dueños de las propiedades incluidas en el dominio público marítimo-terrestre soliciten una concesión administrativa que les permita seguir utilizando sus viviendas y terrenos, aunque ya no serán de su propiedad sino del Estado. Además, el servicio de Costas en Alicante ha recibido la orden de iniciar los trámites necesarios para rectificar las situaciones jurídicas registrales que contradicen el deslinde aprobado.
Por otro lado, «los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional». La opción también existe para las «Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa».
Todo este proceso, que concluye para este tramo del litoral dianense, ha contado en todo momento con la defensa por parte de los vecinos sobre la legitimidad de sus propiedades, algunas de ellas transmitidas de generación en generación. También se ha señalado en numerosas ocasiones que las recientes obras de regeneración en la playa de Les Deveses han logrado alejar el mar de las casas.
Por otro lado, la postura del Ministerio argumenta es que la ocupación intensiva del litoral agrava los riesgos asociados a los temporales, que ya han causado importantes daños en construcciones situadas en primera línea. Aunque la regeneración de la playa ha mejorado temporalmente la situación, el Ministerio niega que esta obra sea una solución permanente.
