«¿Cuántos graves incendios más hacen falta para que cambie la deficiente política de prevención?»
OPINIÓN | Acció Ecologista-Agró
Acabamos de sufrir otro incendio forestal grave, absurdo, evitable, de origen humano, como la inmensa mayoría, ahora en Tàrbena, que ha afectado ya unas 1.000 ha y también a una zona protegida, de gran valor, el ZEC Serres del Ferrer y Bèrnia y ZEPA Muntanyes de la Marina. ¿Cuántos incendios más, absurdos y evitables, hacen falta para que cambie la deficiente política de prevención de incendios que tenemos en el País Valencià, que no se enfrenta a las causas, que no prioriza evitar los fuegos?
Estos días de abril hemos sufrido un puñado de incendios, todos de causa humana, muchos de ellos debidos a quemas agrícolas y otras negligencias, que son perfectamente evitables… si dispusiéramos de una estrategia más decidida y con más recursos para evitar los incendios de causa humana, la inmensa mayoría (un 80 %).
La administración valenciana se niega a actuar de manera contundente y efectiva contra las causas del problema, a pesar de existir (y estar bien experimentadas) alternativas viables, económicas y de eficacia comprobada. Al contrario, dedica una cantidad ridículamente baja de dinero a la verdadera prevención, en sentido estricto, o sea: evitar los incendios, evitar los fuegos originados por los humanos. La mayor parte del dinero va a otras cosas.
Los incendios registrados durante otro mes de abril, el del año 2020, durante la pandemia, fueron la cifra más baja de la historia, muy por debajo de las medias estadísticas (10 veces inferiores a la media de la década anterior); solo 3 incendios, que no llegaron a quemar ni una hectárea. La explicación es que durante ese período no se podía encender fuegos en el bosque y estaban muy limitadas las actividades humanas. Esto constituye una demostración, sin paliativos, de que es posible llegar a suprimir los fuegos de origen humano, si existe voluntad política, decisión, y unos pocos más medios de los que ahora se destinan a evitar el fuego. No se trata de adoptar medidas tan drásticas y generalizadas como en aquel momento. Bastaría con medidas apropiadas y específicas relativas a algunas actividades, no todas, ni mucho menos; y a ciertas instalaciones e infraestructuras. Medidas con la intención, siempre, de erradicar el fuego en el bosque y las áreas inmediatas; limitadas a zonas forestales concretas (no necesariamente todas) y en determinados momentos. Las normas locales deberían elaborarse con participación ciudadana y transparencia, incorporándolas a los planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF), pero con directrices básicas generalizadas en todo el territorio, para maximizar su eficacia, y con medidas de evaluación, para comprobarlo…
No se trata solo de prohibir, sino de incentivar y ayudar a implantar alternativas, y regular de manera más rigurosa, y con mayor contundencia, las prácticas más peligrosas o inadecuadas. Las quemas agrícolas, como parece ser el caso del reciente incendio de Tàrbena, son una de las causas humanas más habituales. En casi todas las demarcaciones forestales en las que se divide el territorio valenciano (las 11 zonas de amplitud equivalente a dos-cuatro comarcas) constituyen la primera o la segunda causa de los incendios humanos, según el caso. Esta actividad tiene una alternativa muy clara y experimentada: la trituración de los restos agrícolas, que no tiene ninguna dificultad organizativa, que no presenta ningún problema ni social ni ambiental y además, puede originar otros beneficios, tanto de carácter económico, como para mejorar el trabajo de los agricultores y evitar otros accidentes (e incluso muertes) que genera esta práctica. El coste de la trituración es insignificante, comparado con los millones de euros que se contemplan en algunos planes municipales de prevención, y que se dirigen, mayoritariamente, a actividades que no evitan un solo fuego. La organización y los gastos deben estar a cargo de la administración autonómica y no, como ahora, a cargo de algunos labradores voluntarios y concienciados, o de unos pocos ayuntamientos con gobiernos preocupados por los problemas ambientales. Deben constar en los Planes de Prevención de Demarcación y en los Locales.
Situación muy diferente de la actual, en la que esta alternativa ni se contempla o se le dedican unas cantidades ridículas para hacer unas charlas o unos folletos informativos, sin ninguna efectividad normativa. En todos los planes de demarcación, la mayor parte de las inversiones de «prevención» NO se destinan a medidas preventivas, sino a otras actuaciones que no actúan sobre las causas, ni evitan ningún fuego, sino que, en el mejor de los casos, pueden servir para ayudar a la extinción, cuando ya se ha desencadenado un fuego, y esto, sin ninguna garantía de su efectividad, ni con seguimientos ni evaluaciones de los resultados, y consumiendo millones de euros, con actuaciones, muchas de ellas de eliminación de vegetación natural o para abrir y ampliar caminos, que tienen grandes impactos ambientales y paisajísticos y que, en todo caso, deberían ser considerados en los planes de extinción, no en los de prevención. Estas actuaciones, que en algunos casos se llevan más del 90% de los dineros previstos en los planes de «prevención» solo tienen alguna eficacia (cuando la tienen, que no es siempre) cuando ya ha fracasado la prevención. De hecho, representan el fracaso de la prevención.
En algún caso concreto, como el Plan Local de Prevención del municipio de Énguera (uno de los municipios con mayor extensión forestal y con grave afectación por incendios forestales), que supone 2,67 millones de euros (en 15 años), solo dedica a medidas preventivas, en el sentido exacto de la palabra, unos 50.000 €, es decir, menos del 2 %. El resto va a parar a las otras actuaciones, una vez ha fracasado la verdadera prevención. Aunque el mismo documento del PLPIF dice que las quemas agrícolas son responsables del 96 % del territorio municipal quemado en los incendios de los últimos 20 años, no adopta ninguna medida para dar una alternativa generalizada y efectiva a esta práctica inadecuada. Es decir, a la principal causa del problema no se le dedica ningún esfuerzo específico, y al conjunto de las causas humanas que suponen la inmensa mayoría de los incendios, no se dedica ni el 2% de los dineros de «prevención». Por este camino nunca evitaremos los incendios. Esto constituye un verdadero fraude a la sociedad.
Ignorar las causas, no querer actuar sobre ellas, y no evitar los incendios de causa humana, que son los mayoritarios, tendrá un gran precio social, económico y ambiental, justo con el cambio climático. No obstante, ese desastre es evitable. La administración autonómica tiene la palabra. Es la que debe administrar mejor los dineros y la que debe implementar políticas más actuales, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente. Si no lo hace, el desastre forestal está servido. Si no evitamos los fuegos evitables, el cambio climático desbordará todas las actuaciones que podamos imaginar basadas en atacar, a posteriori, el fuego cuando ya se ha producido, en lugar de evitar que se origine. Los incendios no son un castigo divino, no son «naturales» (al menos el 80 %); son un problema humano. Un problema social y cultural. O abordamos las causas, o pagaremos las consecuencias.