Los grupos políticos Compromís, Reiniciem Benissa y CIBE han comparecido de forma conjunta para denunciar lo que consideran una gestión «plagada de irregularidades» en torno al proyecto urbanístico PATMORE. Según los portavoces de estas formaciones, el desarrollo que pretende llevar a cabo la mercantil Benissa Natura colisiona frontalmente con el marco legal vigente, representado por el Plan General de 1982 y el Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de 1998.
La oposición denuncia una «inacción administrativa» para favorecer a la mercantil. Según los denunciantes, el Ayuntamiento evitó redactar la modificación puntual necesaria para proteger el paraje, impidiendo así prorrogar la suspensión de licencias. Mari Carme Ronda (Compromís) ha señalado que el gobierno local actuó con premeditación: «No han hecho nada y nos han limitado. Su inacción es la que ha impedido que pudiéramos pedir la prórroga de un año más para proteger el litoral».
Blindaje legal de 1982 y 1998
La base de la denuncia se sustenta en dos pilares normativos que, según la oposición, mantienen plena vigencia. El primero es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1982, el cual define una red de cinco viales secundarios específicos en la zona de PATMORE. Los representantes de Compromís, Reiniciem y CIBE destacan que cualquier alteración de estas calles requeriría una modificación puntual aprobada por el Pleno Municipal, un trámite que aseguran que se ha omitido para facilitar la actual segregación de las parcelas destinadas a viviendas de lujo.
El segundo pilar es el Plan Especial de la Franja Litoral de 1998, una norma de protección medioambiental que afecta directamente a los terrenos situados desde la Avenida de la Marina hasta el mar. Los denunciantes recalcan que este plan impone estrictas servidumbres de protección paisajística y exige licencias específicas para cualquier intervención en el terreno. En este sentido, afirman que el artículo 75 de dicha normativa obliga a presentar un plano de escala 1:200 que identifique cada ejemplar arbóreo antes de cualquier tala, un requisito que afirman ha sido «completamente ignorado».
Sospechas en las tramitaciones
La gestión de las licencias de PATMORE presenta, según los grupos de la oposición, hitos administrativos cuestionables. Señalan que Benissa Natura solicitó su licencia apenas 24 horas antes de que entrara en vigor la suspensión de licencias acordada por el Pleno en noviembre de 2022 y que «el Ayuntamiento estuvo todo 2023 requiriéndoles documentación», a pesar de que la mercantil no había abonado las tasas obligatorias ni el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Desde el punto de vista legal, los representantes de la oposición sostienen que la falta de pago inicial debería haber invalidado la tramitación, ya que «si no hay pago, no hay solicitud formal de licencia». Acusan al equipo de gobierno de dedicar recursos técnicos a requerir documentación a la empresa en un periodo en el que la ley impedía cualquier avance administrativo. Además, denuncian que la inacción del gobierno impidió prorrogar la suspensión de licencias un segundo año, al no haberse iniciado los trabajos de redacción de la modificación puntual del planeamiento que el propio Pleno había ordenado por unanimidad.
Sin supervisión de la «Junta Asesora del Litoral»
Uno de los puntos más críticados en la rueda de prensa ha sido la revelación de la inexistencia de la Junta Asesora del Litoral. Según el Plan Especial de 1998, este órgano es preceptivo y debe estar compuesto por un biólogo, un arquitecto experto en tipologías autóctonas, el arquitecto municipal y un ingeniero superior, como paisajista. Su función es supervisar y aprobar cualquier proyecto de obra mayor o menor en la franja costera. La oposición ha denunciado que «sin la aprobación previa de esta junta no se pueden conceder licencias en la zona de influencia», y que este órgano no se ha constituido.
La ausencia de este filtro habría permitido, según los partidos denunciantes, que se otorguen permisos de segregación de parcelas de forma unilateral. Al evitar el paso por la Junta Asesora y por el Pleno, se habría alterado la ordenación de los viales proyectados en el Plan General de 1982.
Especies protegidas y actuaciones en el terreno
En el plano ecológico, la oposición ya ha denunciado ante la Fiscalía movimientos de tierra y desbroces en el paraje. Los portavoces aseguran que las máquinas han arrasado con una masa forestal significativa y con ejemplares de flora protegida. Juan Carlos Mut (Reiniciem Benissa) ha hecho referencia a un informe botánico municipal que consideran «incompleto». «Ese informe dice que la flora está dispersa, pero nosotros hemos constatado que en la zona donde quieren construir está plagado de especies protegidas que las máquinas están destrozando», ha afirmado.
Según denunciaron con anterioridad los grupos políticos, la alcaldía ha sostenido públicamente que la eliminación de vegetación en la zona no requiere de licencia municipal, por ello, rebaten esta tesis citando el mencionado Plan Especial de 1998. Insisten en que cualquier transformación arbórea o movimiento de tierras en el área de influencia del litoral está sujeto a un control estricto.
Acciones legales anunciadas
Ante los hechos descritos, los tres partidos han confirmado que ya se ha dado traslado a la Fiscalía de la tala de arbolado y que ampliarán la denuncia para incluir el «incumplimiento sistemático del planeamiento urbanístico». Isidor Mollà (CIBE) sistiene que se está produciendo una «cadena de presuntas prevaricaciones», al ignorar acuerdos plenarios vinculantes y las citadas normativas de rango superior. Además, han cuestionado el cambio de asistencia jurídica municipal, sugiriendo que el abandono de bufetes que ganaron litigios previos podría estar facilitando las pretensiones de la empresa promotora en detrimento del patrimonio público.
