El síndic de Compromís, Joan Baldoví; el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas; la portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas; y la portavoz de Vivienda en Les Corts, Maria Josep Calabuig, han explicitado una batería de exigencias al gobierno de Pérez Llorca a raíz del escándalo del residencial de Les Naus y han presentado el modelo de acceso a la vivienda elaborado por la coalición.
La comparecencia ha tenido lugar en el nuevo local de la librería 80 Mundos de Alicante, que se ha visto obligada a trasladarse tras la expulsión de su espacio original, después de que el edificio donde estaba ubicada fuera adquirido por un fondo buitre con el objetivo de convertirlo en pisos turísticos.
Críticas al gobierno local y exigencia de responsabilidades
En su intervención, Baldoví ha asegurado que «pasan los días y el gobierno de Pérez Llorca quiere hacer como que ahora está encontrando todas las irregularidades que dejaron que se cometieran en su momento. Quitaron todos los controles y garantías para que a las viviendas protegidas solo pudieran acceder las personas que realmente lo necesitan».
El síndic ha ido más allá al afirmar que «la realidad es que el PP no ha presentado una solución factible y realista para asegurar lo que todo el mundo está exigiendo: que sus familiares y amigos devuelvan las viviendas protegidas y se asignen a alguna de las 5.000 familias de Alicante en lista de espera para tener una vivienda». A su juicio, «la solución del PP es vergonzosa: permitir a los adjudicatarios irregulares vender los pisos».
Baldoví ha planteado como alternativa que el Ejecutivo local encargue «un estudio en profundidad para encontrar la manera de que se devuelvan las viviendas de forma realista e inmediata». Según ha detallado, reclaman que se encuentre «la fórmula para sancionar como corresponde a los adjudicatarios irregulares, todos familiares y amigos de cargos del PP; que las viviendas ‘robadas’ por esta gente pasen a ser de utilidad pública; y que se expropien y estén a disposición de quien realmente las necesita».
El precedente de la corrupción urbanística
La portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas, ha enmarcado el caso en la trayectoria de corrupción urbanística ligada al PP de Alicante. «Nuestra tierra ha sufrido en muchas ocasiones la corrupción ligada al urbanismo, y la ciudad de Alicante fue referencia de esa corrupción ligada al caso Brugal. Parece que poco hemos aprendido como sociedad», ha afirmado.
Mas ha subrayado que «la vivienda es una cuestión básica en la vida de las personas y las familias; hacer un negocio de ella no solo es inmoral, sino que mata la democracia». En este sentido, ha defendido la necesidad de políticas públicas con absoluta transparencia y ha advertido: «La política pública de vivienda no puede ser la de un club privado de privilegiados».
Apoyo a la protesta y petición de dimisión
Por su parte, Rafa Mas ha explicitado el respaldo a la protesta ciudadana organizada por más de sesenta entidades vecinales y sociales. Asimismo, ha anunciado que en el pleno municipal del jueves continuarán exigiendo «la dimisión de Luis Barcala como máximo responsable político de esta trama, que ha vuelto a situar a nuestra ciudad en el punto de mira de la corrupción».
Un modelo alternativo: la vivienda como derecho
Compromís ha presentado además su modelo de acceso a la vivienda, basado en la premisa de considerar la vivienda un derecho y no un negocio. Los responsables de la coalición han trasladado estas propuestas en una reunión con asociaciones vecinales y entidades sociales de Alicante que firmaron un manifiesto contra el modelo especulativo del PP tras estallar el escándalo de Les Naus.
Entre las medidas planteadas, Rafa Mas ha defendido que «el suelo público se destine exclusivamente a vivienda pública y alquiler asequible» y ha mostrado su oposición a los planes de venta de suelo público para viviendas de protección oficial con precios elevados. También ha instado al resto de la Corporación Municipal a apoyar la declaración de Alicante como ciudad tensionada ante el incremento «exorbitante» de los precios del alquiler en los últimos cinco años, superior al 40%, lo que sitúa a la ciudad en el segundo lugar del Estado con mayores incrementos en este mercado.
Limitación de alquileres y cierre de vacíos legales
Maria Josep Calabuig ha detallado medidas adicionales que, según ha explicado, «tendrían un impacto muy positivo para iniciar el camino que resuelva el problema de acceso a la vivienda en Alicante, solucione la falta de controles para acceder a las viviendas de protección pública y frene la expulsión de vecindario y comercio local de muchos barrios por la proliferación de pisos turísticos».
Las propuestas incluyen limitar los precios del alquiler en el marco de la declaración de ciudad tensionada; ampliar el parque de vivienda pública y garantizar que se asigne a quien realmente la necesita, así como que la vivienda protegida mantenga ese carácter de forma permanente; favorecer que la administración tenga preferencia en la compra de viviendas frente a los especuladores; prohibir que estos adquieran inmuebles en Alicante con fines especulativos; cerrar el vacío legal que permite disfrazar de alquiler ordinario lo que en realidad son alquileres turísticos; e impulsar planes de barrio para proteger al vecindario y al comercio local y evitar su expulsión.
