El Ayuntamiento de Ondara llevó a cabo ayer un pleno extraordinario en el que tuvo lugar la toma de posesión de la nueva regidora de la corporación municipal 2023-2027 Àngels Grimalt Vives. La nueva regidora ocupó el número 4 en la candidatura de Compromís en las pasadas elecciones municipales de 2023. Ahora, reemplaza a Nerea Mallol Lorenzo, quien presentó su renuncia por motivos personales en el pleno del pasado mes de marzo.
Durante la sesión, Ángels Grimalt se comprometió legalmente a su cargo y recibió el pin como miembro de la corporación de manos del alcalde, José Ramiro, quien le dio la bienvenida a la corporación y también al equipo de Gobierno. El salón de plenos contó con una importante asistencia de público, familiares, amigos y miembros del colectivo Compromís, quienes estuvieron respaldando a Ángels Grimalt en su toma de posesión.
En el pleno también se aprobó la integración de la nueva regidora en los grupos políticos municipales y a la Junta de Portavoces y órganos colegiados del Ayuntamiento de Ondara, así como su nombramiento como representante de la corporación en diversos órganos e instituciones. Grimalt asumirá las competencias de Igualdad y Mujer, Atención Social y Cultura. Las áreas de Compras y Contratación, Régimen Jurídico e Interior, que también abarcaba la exregidora Mallol, serán responsabilidad de Jordi Dominguis (Compromís), mientras que la regiduría de Personal estará a cargo de Lluís Fornés (Compromís).
Ondara solicita retirar la propuesta de Proyecto de Ley que regula la «Libertad Educativa»
Por otro lado, en el pleno de ayer también se aprobó una moción para solicitar la retirada de la propuesta de Proyecto de Ley de la Generalitat que regula la «Libertad Educativa». La moción, presentada por el regidor de Normalización Lingüística, Jordi Dominguis, argumentaba que dicha propuesta legislativa conlleva una modificación profunda del sistema educativo valenciano, especialmente en lo que respecta al tratamiento de la lengua propia y oficial del país.
La moción expresaba preocupación por el posible impacto negativo en la planificación lingüística y solicitaba la retirada de la propuesta. Este punto fue votado en contra por el PP, cuyo representante, Agustín Vaquer, explicó que su grupo no estaba de acuerdo con la interpretación que se hacía de las sentencias y afirmó que no creían en una imposición en este sentido. Vaquer defendió la libertad de elección y la diversidad lingüística en la Comunidad Valenciana, mientras que Dominguis argumentó que la equidad lingüística es necesaria para garantizar la verdadera libertad en el ámbito educativo.
