El Síndic de Greuges abre una investigación a Ana Sala, alcaldesa de Calp, por supuestamente vulnerar el derecho a la participación política a partir de una queja presentada por el PP municipal, ante «la obcecación de la alcaldesa en no cambiar el día del pleno, algo que coarta derechos fundamentales de participación política recogidos en la Constitución», según ha informado el grupo político en un comunicado.
«El PP de Calp no se da por vencido. Acudiremos a todas las instancias posibles para defender los derechos constitucionales de los concejales y, en este caso concreto, los de nuestro portavoz y diputado en el Congreso, César Sánchez. Por ello, hemos presentado una queja ante el Síndic de Greuges, que ha sido admitida al advertir la vulneración por parte de la alcaldesa, Ana Sala, del derecho fundamental a la participación política, derecho consagrado por el artículo 23 de la Constitución», explican.
El motivo exacto es que el Partido Popular se queja de que Sala no admite cambiar el día de celebración de los plenos ordinarios, debido a que «cambiar el día entorpecería la forma en la que se ha organizado su vida privada, priorizando su vida personal al bien general y a la salud democrática», continúan en la nota.
«La verdad, es que su único propósito es perjudicar al portavoz popular e impedirle asistir dado que ese día hay también sesión parlamentaria en el Congreso», denuncian.
Desde el grupo político tachan esta decisión como «una actitud reprochable a nivel moral y de una gravedad superlativa, impidiendo a un cargo público ejercer su actividad en condiciones de igualdad y poder desarrollar sin trabas el mandato que le han dado los electores».
«Mientras, los socios de gobierno de Ana Sala (PSOE y Compromís), sí saben de la gravedad de este boicot antidemocrático. Sin embargo, le han consentido incluso que quebrara la normalidad de la corporación y censurara una propuesta de los populares para incluir en el orden del día del pleno el debate sobre el cambio de día de los plenos ordinarios. Este partido ya advirtió en su momento que esa decisión arbitraria de la alcaldesa no tenía precedentes en la historia democrática de Calpe», manifiestan.
Ahora el Síndic abre una investigación y concede un mes de plazo al Ayuntamiento de Calp para presentar un informe detallado sobre los hechos que han motivado la apertura de procedimiento y sobre la posible afectación al derecho invocado.
«El Partido Popular no va a resignarse. Que la alcaldesa limite los derechos constitucionales de los concejales del PP trasciende el capricho y no se puede tratar como una cuestión menor. De ahí que desde la agrupación se haya presentado ahora la queja al Síndic y no se descarte iniciar otras acciones legales para preservar la pluralidad política y garantizar un debate en igualdad de condiciones y sin vetos», concluyen desde el PP.
