OPINIÓN | Defendamos Calpe
El gobierno de PSOE, Compromís y Somos Calpe activa la posibilidad de que las nuevas promociones no tengan que esperar a que un técnico de urbanismo municipal les dé el visto bueno. Menos control, más externalizaciones y una mayor aceleración del impacto urbanístico en Calpe.
Esto se debe a que existe la posibilidad de que las nuevas promociones pidan un certificado de conformidad a una empresa privada que revise la idoneidad de su proyecto y esta, tras cotejarlo con el PGOU, emite un certificado de conformidad. El ayuntamiento no puede poner objeciones y tiene que aceptarlo. De esta forma se agilizarán de forma exponencial las nuevas promociones turísticas en Calpe.
El argumento esgrimido es que el departamento está saturado de trabajo (nos lo imaginamos, las grúas campan a sus anchas en Calpe) y se necesita aliviar toda la carga de trabajo que recibe mediante esta medida. Las consecuencias son evidentes: más construcción en menos tiempo, olvidando de nuevo el impacto en el medio plazo en los servicios mínimos que debemos tener precisamente para poder atender con garantías a la población existente y futura. Primero construimos, luego ya veremos.
Pérdida de control y ausencia de planificación
Agilizar los trámites mediante esta posibilidad significa perder el control directo del ayuntamiento como ocurría hasta ahora. De nuevo, el gobierno local externaliza una competencia municipal, permitiendo que otros hagan el trabajo.
En definitiva, lejos de abordar la principal problemática local consistente en un urbanismo descontrolado que afecta a la capacidad de prestar servicios públicos y de proveer las mínimas infraestructuras para todos, pretenden agilizar los trámites para tener más grúas en menos tiempo. Un sinsentido avalado por PSOE, Compromís y Somos Calpe.
Los ayuntamientos tienen la potestad de permitir o no esta medida. El gobierno de Calp decide aplicarla. Además, en caso de aplicarla, hay que realizar una ordenanza. El gobierno de Calpe, curiosamente, no ha hecho esta ordenanza.
Con todo ello, se demuestra una nula capacidad de gestión a la hora de prever los recursos de personal necesarios para atender la demanda ciudadana. Si hacen falta recursos en un departamento, ¿por qué no organizan el ayuntamiento para dotar a esta área de más personal? Organizar un ayuntamiento no es estar fuera de él todo el día en fiestas y saraos, sino ocuparse de los problemas y resolverlos. Y todo esto por 48.000 € al año por concejal, pero el trabajo que lo hagan otros. Nos sale bastante caro todo.
