El equipo de gobierno de Pego planteó ayer en el pleno de octubre exigir a la Generalitat que paralice la subida del recibo del agua. «Una subida que se ha podido constatar en las últimas semanas», afirmaron. Esta acción se aprobó finalmente con los votos a favor del PSPV, la abstención de Compromís y los votos en contra del PP.
La propuesta fue defendida por la concejal de Urbanismo, Laura Castellà, quien recordó que el anterior gobierno de la Generalitat fue el que decidió, «después de una subida de los precios por la inflación que afectaba a las familias, fijar una reducción de tasas en la que se incluía la suspensión del pago del canon de saneamiento». La edil explicó que el actual gobierno ha decidido no prorrogar esta decisión, «por lo que ya hemos visto incrementado el recibo del agua».
Para evitar dicha subida, la propuesta defendida del PSPV proponía exigir la paralización de dicho incremento con la prórroga de la suspensión del canon hasta finales de 2023. Además, seguía la edil, «antes del vencimiento del 2023, pedimos se valore la situación económica de la Comunitat y en el supuesto de no continuar con la prórroga, se condene el pago a las familias más vulnerables, es decir, aquellos con una renta inferior a 1.000 euros. Y para el resto de familias se prorratee el pago en 90 meses. Creemos que es viable y beneficioso para las familias valencianas».
Desde la bancada de Compromís apuntaron otra propuesta, «garantizar el acceso al agua, con unos mínimos, siempre promoviendo el uso responsable; y repartiendo la carga del canon, es decir, que pague más canon quién tenga los consumos más altos», indicó el portavoz, Víctor Climent. Aun así, los ediles de Compromís prefirieron abstenerse en la votación de la propuesta. Por su parte, el Partido Popular se posicionó en contra, la propuesta salió adelante finalmente.
Modificación de crédito de 230.000 euros
También se dio luz verde a una modificación de crédito de 230.000 euros, procedentes del remanente de tesorería, para la renovación de tres vehículos municipales, «para uso de los trabajadores del consistorio, los actuales tienen ya 19 años y requieren de reparaciones constantemente», explicó el concejal de Hacienda, Ricardo Sendra; y para la renovación, también, de la cabina y servidores del Ayuntamiento, «fundamentales para el desarrollo del trabajo en el consistorio, además finaliza el plazo de cinco años de garantía del material, por lo que es conveniente su cambio», matizó.
La propuesta fue criticada por el grupo Compromís y PP. Los primeros acusaron al ejecutivo del PSPV de «falta de planificación por no haber incluido el gasto en el presupuesto del 2023 para evitar una modificación de crédito, sabiendo la fecha en los que era preciso renovar los aparatos tecnológicos». A estas afirmaciones, Sendra respondió que no se había planificado para el presupuesto «porque la garantía de los aparatos termina en 2024, aun así hemos preferido hacerlo antes porque ha surgido la posibilidad, desde el departamento de Intervención nos han indicado que no hay problemas para hacerlo ahora y así no se descuadrará el presupuesto de 2024».
La propuesta contó con los votos a favor de los ediles del PSPV, la abstención del PP y los votos en contra de Compromís.
